Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los dos sindicalistas del sindicato de Camioneros involucrados en los bloqueos a una pyme de San Pedro seguirán detenidos en la DDI de San Nicolás, aunque en los próximos días podrían ser trasladados a una cárcel común.
La Cámara de Apelaciones de Dolores, integrada por los jueces Eduardo Alfredo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Antonio Moreno, ratificó ayer la prisión preventiva dispuesta por un juez de primera instancia y revocó la prisión domiciliaria, aunque ese beneficio no se había hecho efectivo porque había una apelación pendiente. “Hacer lugar a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado intervinientes y en consecuencia anular dejando sin efecto la parte pertinente de la resolución en crisis: concesión de medidas de atenuación de la coerción como arresto domiciliario a los prevenidos (punto 3)”, resolvió ayer ese tribunal.
En su voto, el juez Alomar entendió que hay “necesidad de adoptar la más grave de las medidas de coerción (el encarcelamiento preventivo en una locación penitenciaria) – por existir peligro de frustración de los fines del proceso”. Y señaló que los hechos “permiten presumir la concertada intervención de miembros encumbrados de una organización sindical” que al amparo de razones gremiales “torcieron su rumbo mediante reiteradas acciones ilícitas en perjuicio de la actividad comercial de una empresa privada”.
La causa ahora volvió al juez de primera instancia. “Tiene que formar un incidente por la morigeración de la detención, darle intervención a la fiscal, y después volver a resolver sobre el arresto domiciliario”, explicó una fuente judicial consultada por Infobae.
“El traslado a una cárcel común debería ser inminente porque se anuló la morigeración. Si no es en San Nicolás será en Campana o en Junín. No pudieron acreditar motivos para una domiciliaria, el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación es real”, apuntó la abogada Florencia Arietto en representación de la familia Rey.
En febrero de 2021, Cabaleyro y Espíndola protagonizaron el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados. El dueño de esa empresa, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
A fines de marzo, la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de los responsables de los bloqueos, aunque la misma se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelaciones desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados.
Por esta causa, la Justicia allanó hace un mes la sede central del sindicato de Camioneros. Ocurre que la delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditóla existencia de la supuesta deuda del empresario Rey, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió esa documentación a la seccional de San Nicolás. La respuesta fue que habían enviado la información a la sede central del gremio, lo que derivó en el allanamiento.
La causa siguió avanzando. El 17 de mayo, el juez Román Parodi dictó la prisión preventiva contra los dos gremialistas por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real. Pero en esa misma resolución, les concedió la domiciliaria: “Conforme las condiciones personales de los encausados –que cuentan con arraigo y contención familiar, y carecen de antecedentes penales condenatorios-, y su situación procesal, y el estado de la causa –prácticamente concluida-, es mi convencimiento que en el caso de autos, median razones que justifican la aplicación de un grado de coerción menos gravoso que la prisión en un establecimiento carcelario, no advirtiéndose además, motivos para presumir que en el caso de otorgarse el beneficio solicitado, exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso”.
Parodi estaba subrogando el juzgado de María Eugenia Maztegui, la magistrada que debió pedir licencia por estrés. Dirigentes de la oposición denunciaron que Maiztegui había sido presionada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien en su condición de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia amenazó con denunciarla por mal desempeño.